El director de Prevención Comunitaria, Homero Domínguez de Soto, hizo referencia a la oportunidad que tiene la ciudadanía de poner en regla sus motovehículos usados no regularizados, conforme un régimen que ya se está aplicando, basado en un decreto del Ejecutivo nacional.

En diálogo con LT29, explicó que la medida entró en vigencia hace poco tiempo y que el Municipio “decidió tomar la posta” ante la poca difusión desde otros niveles estatales.

“El Registro de la Propiedad Automotor (RPA) ya lo había instrumentado en alguna oportunidad, pero ahora es más restringido, ya que se acota a modelos fabricados entre enero de 2010 a diciembre de 2016, de cualquier cilindrada. Se trata de motos usadas que no hayan sido inscriptas”, señaló el funcionario.

Esta no inscripción, desde ya, inhabilita para acceder al título, tarjeta verde y chapa patente, requisitos de dominio fundamentales para poder circular en regla.

Domínguez de Soto apuntó que si bien, de acuerdo a la ley, los comercios están obligados a que todas las motos salgan patentadas, “sabemos que algunas circulan sin haber cumplimentado este requisito, y para estos casos el Registro implementó estas facilidades de regularización”.

Formulario y factura

Cualquier interesado que desee inscribir por primera vez su moto, debe presentarse en el RPA con el formulario 01 y con la factura del punto de venta, documentación que en algunos casos se hace dificultosa conseguir, o que no fue otorgada en su momento, y entonces la unidad no podría ser nunca registrada.

“El procedimiento (de regularización) es sencillo. Con un formulario 05 se hace una verificación policial, se toman tres fotos de la moto (entera, número de motor y número de cuadro) y una declaración jurada de quien hace el trámite, dando cuenta de su adquisición de buena fe. El RPA, a su vez, le otorgará el título, la tarjeta verde y la chapa patente, y de ese modo la moto legaliza su propiedad y se valoriza”, describió el director de Prevención Comunitaria.

Vale aclarar que los trámites deberán realizarse en el RPA con competencia en motovehículos, sito en Lisandro de la Torre 665.

Infracción recurrente

La experiencia indica que la falta de la chapa patente es una de las mayores infracciones detectadas en cada operativo de control vehicular, pero en otros casos son retiradas adrede por sus propietarios.

“Es una buena oportunidad para regularizar y no es costoso, es más económico que la inscripción registral de una moto 0 km. El plazo de implementación es corto, hasta el 15 de octubre, y pensamos que puede haber alguna prórroga. La gente que tenga su moto secuestrada en el corralón también puede hacer el trámite de regularización. Incluso hablamos con los jueces de Faltas para que, si se trata de la primera infracción, se haga un apercibimiento y no cobrar la multa”, afirmó Domínguez de Soto.

El dato indica que en los corralones hay “entre 1.200 y 1.300 unidades”, lo que genera al Municipio costos elevados en concepto de alquiler de predios y en personal abocado a la custodia las 24 horas.

La mayoría de estos rodados no cumple con las condiciones para volver a circular, y es por eso que el Municipio impulsa gestiones para posibilitar su compactación como destino final.