En una muestra de unidad y profunda indignación, profesionales de la salud, transportistas, personas con discapacidad y sus familias tomaron las calles de Venado Tuerto este miércoles en una movilización que también fue a nivel nacional. La protesta, llevada a cabo en pleno centro de la ciudad, se sumó a una jornada de reclamo que tuvo réplicas en Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, con el Congreso de la Nación como epicentro, donde se debate una Ley de Emergencia en Discapacidad.

La marcha, que recorrió la céntrica calle Belgrano, culminó con una concentración frente a la plaza San Martín, donde los manifestantes alzaron sus voces contra el progresivo desfinanciamiento que está llevando al límite al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Carteles con consignas como “No al recorte en discapacidad, no a la vulneración de derechos” y testimonios estremecedores marcaron la jornada.

“Estamos acá para decir basta. Basta de ajuste, basta de invisibilización. Lo que está pasando es dramático”, declaró Débora, terapista ocupacional y una de las voceras de la manifestación local, en diálogo con Radio Jota. Sus palabras reflejan el sentir generalizado de un sector que se siente abandonado por el Estado.

El reclamo central se basa en el congelamiento de los aranceles desde diciembre de 2024, con una actualización calificada de “irrisoria” del 0,5 %, en un contexto de inflación galopante y costos de vida en constante aumento. “Nos deben desde el año pasado. Algunas obras sociales no pagaron ni un mes en lo que va del 2025. Y mientras tanto tenemos que seguir sosteniendo alquileres, matrículas, seguros y nuestras propias vidas. Con la vocación no alcanza”, lamentó María Belén, también terapista ocupacional.

La movilización en Venado Tuerto coincidió con el debate en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027. La iniciativa contempla la actualización de aranceles, la regularización de pagos a prestadores, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y la garantía del cumplimiento del cupo laboral en el sector público. Sin embargo, para los manifestantes, este proyecto es solo un paliativo ante una situación que requiere medidas urgentes y contundentes.

Más allá de las cifras y los proyectos de ley, la protesta puso de manifiesto el impacto humano del ajuste. Los testimonios de familiares y personas con discapacidad revelaron la angustia y la desesperación que genera la falta de recursos y la burocracia para acceder a prestaciones básicas. “Las familias están agotadas. Tienen que rogar para que les autoricen desde pañales y medicamentos hasta una sesión de terapia que es su derecho. Es una lucha constante y desigual”, denunció una manifestante.

La participación de transportistas en la marcha añadió otra dimensión al problema. Muchos de ellos han dejado de prestar servicio debido a la falta de pago, lo que agrava aún más la situación de las personas con discapacidad que dependen de este servicio para acceder a sus tratamientos. “Hace meses que no cobramos y no podemos seguir bancando el combustible, el mantenimiento del vehículo ni los sueldos. Pero detrás de cada recorrido hay una persona que necesita llegar a su tratamiento”, explicó uno de los choferes presentes.

Si bien los organizadores insistieron en que el reclamo no tiene bandera partidaria, señalaron directamente al ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei como el principal responsable de la profundización de la crisis. “Esto no es una cuestión política, es una cuestión de humanidad”, sentenció Débora. “Nadie está exento. Todos tenemos a alguien cercano con discapacidad, o podemos tenerla mañana. Necesitamos un Estado que no mire para otro lado”, agregó.

La protesta concluyó con un aplauso sostenido y el compromiso de seguir visibilizando una problemática que, según los manifestantes, se agrava con el correr de los días. El mensaje fue claro: sin financiamiento, sin presencia estatal y sin reconocimiento, el sistema que garantiza derechos básicos a miles de personas está al borde del colapso. La marcha tuvo una convocatoria multitudinaria y demostró el alto nivel de rechazo de la sociedad venadense frente a estas políticas públicas del gobierno de Milei. En base a la misma premisa ya se habían realizado otras protestas, pero la de hoy se caracterizó por la gran cantidad de participantes y la contundencia de los reclamos. El futuro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad pende de un hilo, y la sociedad civil se moviliza para evitar su desmantelamiento.

Fuente: Radio Jota