El Colegio Sagrado Corazón de Córdoba se encuentra en el centro de una tormenta mediática y judicial tras la condena a 15 años de prisión de su exdirector de primaria, el hermano Pedro Ortiz y Hontoria, por abuso sexual. La sentencia de primera instancia, dictada recientemente, valida las denuncias presentadas por cuatro exalumnas, quienes relataron episodios de abuso ocurridos mientras Ortiz y Hontoria ejercía su cargo en la institución.

La noticia ha sacudido a la comunidad educativa y a la sociedad cordobesa, generando un debate intenso sobre la protección de menores en instituciones religiosas y la respuesta de la Iglesia ante acusaciones de abuso.

Tras conocerse el fallo, el Colegio Sagrado Corazón emitió un comunicado oficial dirigido a la comunidad educativa, en el que expresa "nuestro profundo respeto" a quienes realizaron las denuncias y acata las decisiones de la Justicia, confiando en su independencia. Sin embargo, la institución también señala que "el camino judicial no ha concluido", dejando entrever la posibilidad de una apelación.

El comunicado, firmado por el Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, afirma: “Expresamos nuestro profundo respeto hacia quienes han denunciado haber sido víctimas de hechos gravemente ofensivos. Seguimos disponibles para todo camino que favorezca la escucha, el diálogo y la sanación”. Este mensaje intenta mostrar empatía hacia las víctimas y ofrecer un canal de comunicación para quienes necesiten apoyo.

Además, el colegio manifiesta confianza en “la independencia de la Justicia”, respetando “sus tiempos y procesos”.  La institución remarca que “esta sentencia de primera instancia constituye una etapa significativa dentro de un proceso aún abierto”, sugiriendo que la batalla legal podría extenderse.

Según el comunicado, “desde el inicio de este proceso, el hermano Pedro Ortiz y Hontoria fue apartado de toda tarea educativa y pastoral”.  Sin embargo, la defensa de Ortiz y Hontoria ha argumentado que esta separación del cargo fue, en realidad, una imposición de la fiscalía, que obligó al religioso a abandonar la ciudad en un plazo de 24 horas.  Esta discrepancia en la narrativa subraya la tensión existente entre la institución y la justicia en este caso.

En el tramo final del comunicado, las autoridades del colegio reafirman “nuestro compromiso inquebrantable con la dignidad de toda persona, la formación integral de nuestros estudiantes y la construcción de entornos educativos seguros y confiables”. Este compromiso, declarado públicamente, busca contrarrestar la imagen dañada por las acusaciones y la condena.

Finalmente, el comunicado cierra con una invitación a la serenidad y la responsabilidad: “El camino judicial no ha concluido, invitamos a transitar este tiempo con serenidad, responsabilidad y escucha mutua. Queremos seguir caminando con esperanza, buscando siempre la verdad, la justicia y el bien de todos nuestros estudiantes”. Esta declaración final busca transmitir un mensaje de esperanza y resiliencia a la comunidad educativa, mientras se enfrenta a este difícil momento.

Contraste con el comunicado anterior

El tono del comunicado actual contrasta fuertemente con el emitido por el Colegio Sagrado Corazón en 2022, cuando las denuncias contra Ortiz y Hontoria salieron a la luz. En aquel entonces, la institución negó categóricamente los hechos de abuso, argumentando que eran "víctimas de una campaña mediática" cuyo objetivo era "dividirnos, difamarnos, desacreditarnos y hacernos creer que todo está mal".

En ese primer comunicado, el colegio también planteaba que “se manipula la verdad y se presiona a la Justicia, que está investigando acusaciones, que creemos son proyección de otros ámbitos, ajenos totalmente al colegio”. Esta postura, ahora desmentida por la sentencia judicial, refleja una estrategia inicial de negación y defensa cerrada que ha sido ampliamente criticada.

La diferencia entre ambos comunicados es notable. El primero, caracterizado por la negación y la victimización, contrasta con el segundo, que muestra un tono más conciliador y respetuoso hacia las víctimas, aunque sin admitir explícitamente la culpabilidad de la institución. Este cambio de postura podría interpretarse como un intento de mitigar el daño reputacional causado por el caso y de reconstruir la confianza de la comunidad educativa.

Reacciones y próximos pasos

La condena de Ortiz y Hontoria y los comunicados del Colegio Sagrado Corazón han generado una ola de reacciones en la sociedad. Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia y grupos de víctimas de abuso sexual han expresado su satisfacción por la sentencia, considerándola un importante paso adelante en la lucha contra la impunidad. Al mismo tiempo, han criticado la respuesta inicial del colegio, calificándola de insensible y revictimizante.

Padres de alumnos del Sagrado Corazón han manifestado sentimientos encontrados. Algunos han expresado su apoyo a la institución, valorando su trayectoria y su compromiso con la educación. Otros, en cambio, han manifestado su indignación y su preocupación por la seguridad de sus hijos, exigiendo una investigación exhaustiva de los hechos y la implementación de medidas preventivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

En cuanto a los próximos pasos, se espera que la defensa de Ortiz y Hontoria presente una apelación a la sentencia de primera instancia. El proceso judicial, por lo tanto, podría prolongarse durante varios meses o incluso años. Mientras tanto, el Colegio Sagrado Corazón enfrenta el desafío de reconstruir su imagen y de restaurar la confianza de la comunidad educativa, implementando políticas de prevención y protección de menores que garanticen un entorno seguro y confiable para todos sus estudiantes. El caso del Sagrado Corazón, sin duda, marcará un antes y un después en la forma en que las instituciones religiosas abordan las acusaciones de abuso sexual en la Argentina.