Tras el trágico homicidio del joven Ian Cabrera y dos intentos de homicidio en una escuela de San Cristóbal, la provincia de Santa Fe se enfrenta a una ola de amenazas contra sus instituciones educativas. Las autoridades están respondiendo con investigaciones exhaustivas y medidas preventivas, mientras que se hace un llamado a la responsabilidad de los adultos en la custodia de armas.

Desde el 30 de marzo, escuelas de toda la provincia han sido blanco de amenazas inquietantes. Carteles, pintadas y mensajes alusivos a tiroteos, a veces acompañados de armas reales o de imitación, han sembrado el pánico entre estudiantes y personal docente. Estos actos, tipificados como delitos graves, están siendo investigados por fiscales del Ministerio Público de la Acusación. La magnitud del problema es evidente en el número de denuncias recibidas hasta el 21 de abril, que asciende a 404 en toda la provincia. La Fiscalía Regional n.º 2 encabeza la lista con 238 denuncias, seguida por la n.º 1 con 75, la n.º 5 con 35, la n.º 3 con 33 y la n.º 4 con 23.

Acciones legales y operativas

En respuesta a esta crisis, las fuerzas del orden han intensificado sus esfuerzos para identificar y detener a los responsables. Se han ordenado detenciones, allanamientos de viviendas y requisas domiciliarias en toda la provincia. Los secuestros de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, computadoras y armas son parte de la estrategia para recabar pruebas y desarticular las posibles redes de apoyo a estos actos. Hasta la fecha, se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas, que han resultado en la incautación de 51 elementos, incluyendo celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22.

Identificación de los responsables

Las investigaciones han permitido identificar a al menos 73 personas presuntamente involucradas en estas amenazas. La Fiscalía Regional n.º 2 lidera nuevamente en este aspecto con 23 personas identificadas, seguida por la n.º 3 con 17, la n.º 5 con 14, la n.º 1 con 15 y la n.º 4 con 4. Un dato alarmante es que aproximadamente el 95 % de los identificados son menores de edad, lo que subraya la necesidad de abordar las causas subyacentes de este fenómeno y de involucrar a las familias y a la comunidad en la prevención.

Llamado a la responsabilidad familiar

Ante esta situación crítica, las autoridades hacen un llamado urgente a los padres, familiares y adultos responsables a extremar las medidas de seguridad en relación con las armas de fuego y el material balístico. Se insiste en la necesidad de mantener estos elementos bajo llave en espacios seguros y fuera del alcance de niños, adolescentes y jóvenes, conforme a la legislación vigente (ley 20.429, decreto 395/75 y anexo 1 de la Resolución de Renar –ex-Anmac– 119/18). La responsabilidad en la guarda de armas es un factor determinante para prevenir conductas de riesgo y proteger a los menores de las posibles consecuencias trágicas de un acceso fácil a estos objetos.