Una profunda investigación encabezada por el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Iván Gastón Raposo, junto a la fiscal adjunta Larisa Barucca, permitió desarticular un presunto circuito ilegal vinculado a la reducción, adulteración y comercialización de vehículos y autopartes de origen ilícito en Venado Tuerto. Los procedimientos, ejecutados por la Policía de Investigaciones (PDI), culminaron con importantes secuestros, la clausura de un desarmadero clandestino y dos personas a disposición de la Justicia.

La causa se inició a partir del análisis de una serie de robos de motocicletas ocurridos en la ciudad. A partir de esa pesquisa, la Fiscalía ordenó inspecciones simultáneas en trece talleres y comercios dedicados a la reparación y comercialización de motovehículos para verificar la legalidad de vehículos, motores y piezas. Durante los operativos fueron controladas más de 90 motocicletas, 15 motores y 20 automóviles y camionetas. Todos los registros fueron cotejados mediante el sistema Cóndor, la Central 911 y la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Hallazgo en Suipacha y clausura

El procedimiento de mayor relevancia se realizó en un taller ubicado en Suipacha al 50, donde los investigadores detectaron severas inconsistencias en las numeraciones identificatorias de distintos vehículos. Como resultado, se secuestraron tres camionetas de alta gama (dos Dodge RAM y una Toyota Hilux), una motocicleta BMW y dos motores que presentaban presuntas adulteraciones o irregularidades respecto de los registros oficiales.

Mientras se desarrollaba la inspección, el personal de la PDI advirtió la existencia de un galpón lindero con una importante cantidad de autopartes, motores completos y vehículos. Ante esta situación, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para el inmueble ubicado en Suipacha al 60. Allí se constató la existencia de elementos compatibles con la actividad de un desarmadero que funcionaba sin habilitación municipal. Por disposición judicial, el lugar fue clausurado y quedó bajo custodia policial, mientras la Municipalidad labró las actuaciones administrativas correspondientes. La magnitud de las irregularidades y el altísimo valor de los bienes motivaron la inmediata detención de un hombre cuyas iniciales son S.G. para resguardar la investigación y evitar su entorpecimiento.

Presunta venta ilegal de combustible

En el marco de la misma causa, las fuerzas de seguridad realizaron además un allanamiento en una vivienda de calle Salvadores al 100, donde se investigaba la venta clandestina de combustible. Según indicaron desde el MPA, el domicilio se encuentra ubicado frente a un establecimiento educativo, por lo que la actividad representaba un potencial riesgo para la seguridad pública.

En este procedimiento se secuestró un surtidor manual con aproximadamente 60 litros de combustible, trece bidones cargados, cinco bidones vacíos, un teléfono celular y documentación de interés para la causa. Como consecuencia del operativo fue aprehendido un hombre de 65 años, quien fue notificado de la formación de causa por un presunto delito contra la seguridad pública. Los despliegues contaron con la participación de la PDI de distintos distritos, la División Microtráfico, la AIVGSF, la Unidad Regional VIII y agentes de Control Urbano municipal.

Un antecedente que marcó a la ciudad

En marzo de 2005, un despliegue de las fuerzas policiales desbarató un galpón ilegal. Las autoridades incautaron ocho cabinas de camión adulteradas y decenas de autos de procedencia dudosa. Varios de los vehículos incautados presentaban manchas de sangre en sus tapizados, confirmando que habían sido sustraídos mediante asaltos violentos. El entonces oficial principal de la policía, Walter Rubiglio, y el civil Sergio Giraudo, se mantuvieron prófugos durante meses antes de entregarse a la justicia. Al menos ocho policías resultaron condenados por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre ellos Juan José Asborno (extitular de la Comisaría Segunda). Recibieron penas de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La justicia no logró probar legalmente la figura jurídica de "asociación ilícita". Por esta razón, el civil Sergio Giraudo -señalado inicialmente como "la pata civil"- quedó absuelto en esa instancia por insuficiencia de pruebas en dicho delito. En 2016, tras 11 años de demoras institucionales y deficiencias en el traspaso al nuevo sistema penal santafesino, la Cámara Penal declaró la prescripción de la causa por falta de impulso procesal en la etapa de transición.

Ahora, tras 21 años del comienzo de aquella investigación original, el galpón de la calle Suipacha 50 volvió a ser clausurado.