Polémica en Venado Tuerto por el retiro de tres niños de sus hogares de tránsito: Familias Solidarias denuncia un procedimiento intempestivo.

Una profunda conmoción y un firme reclamo institucional se desencadenaron en la ciudad de Venado Tuerto tras el retiro de tres niños de sus respectivos hogares de acogimiento temporal. El operativo, llevado a cabo por la Delegación Regional de la Dirección Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, generó un categórico rechazo por parte de los integrantes del Programa Familias Solidarias, quienes calificaron la actuación de las autoridades de “intempestiva, violenta e injustificada”.

Según la información trascendida, las familias de tránsito habían sido convocadas a una reunión de trabajo por la dependencia que encabeza Daniela Bravo. No obstante, al arribar al lugar, la convocatoria tomó un giro inesperado: se les notificó de manera intempestiva que los pequeños serían trasladados en ese preciso instante. Los damnificados denuncian la total ausencia de información previa sobre el destino de los menores, así como la falta de una etapa de transición progresiva que permitiera amortiguar el impacto emocional de la medida.

Críticas al procedimiento administrativo y su impacto emocional

El eje central del reclamo de Familias Solidarias no radica en disputar la potestad del Estado ni en atribuirse facultades legales sobre la tutela definitiva de los niños, sino en los métodos empleados para ejecutar la desvinculación. Quienes integran esta red remarcan que, si bien la transitoriedad del vínculo está asumida desde el inicio, durante la convivencia los menores construyen rutinas, lazos afectivos y espacios de seguridad indispensables para su desarrollo.

Los referentes del colectivo advierten que separar abruptamente a niños que ya han atravesado vivencias traumáticas de abandono y vulnerabilidad implica revictimizarlos. "Para un adulto puede tratarse de un traslado; para un expediente, de un cambio de domicilio; y para una institución, de una decisión administrativa. Pero para un niño es su mundo", expresaron con crudeza los tutores. Bajo este argumento, enfatizan que cualquier proceso de desvinculación requiere preparación previa, explicaciones acordes a la edad y un acompañamiento interdisciplinario que respete los tiempos psicológicos de cada infancia.

El marco normativo de la contención temporal

El Programa Familias Solidarias se encuentra contemplado en el Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, regulado por la Ley Provincial n.º 12.967. Fue aprobado formalmente mediante la Resolución n.º 465 el 15 de junio de 2007, bajo la órbita de la entonces Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria durante la gestión del gobernador Jorge Obeid.

Esta iniciativa fue concebida como una alternativa superadora a la institucionalización en hogares de menores. Su propósito fundacional es brindar un entorno familiar temporal a niños y adolescentes que deben ser apartados de sus familias de origen por situaciones de riesgo, garantizando la protección integral de sus derechos fundamentales mientras la Justicia y los organismos pertinentes resuelven su situación legal definitiva. Desde el colectivo subrayan que este rol complementario no transforma a los niños en objetos sin voz. "No son muebles que se trasladan ni expedientes que se derivan; son niños que sienten, se apegan y tienen miedo", manifestaron.

Exigencia de respuestas y acciones en la Justicia

Ante la gravedad de los hechos, las Familias Solidarias han elevado un pedido formal de explicaciones a las máximas autoridades del área a nivel provincial. Los reclamos están dirigidos a Daniela León, secretaria de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe; Melania Aurora Heinzen, directora provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez - Interior; y María Victoria Tejeda, titular del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Entre las interrogantes planteadas, se exige aclarar quién autorizó el procedimiento con la modalidad implementada, si se evaluó previamente el daño psicológico del operativo y de qué manera se garantizó el principio del interés superior del niño y su derecho a ser escuchado. Asimismo, los integrantes del programa anticiparon que acudirán a los tribunales para interponer las acciones judiciales pertinentes. Buscarán que la Justicia investigue el accionar de los funcionarios intervinientes y determine las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, dejando en claro su lema fundacional: "Podemos ser transitorias en la vida de un niño, pero nuestro compromiso con ellos no lo es".