Un impecable trabajo articulado entre la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y Gendarmería Nacional permitió desmantelar una compleja estructura criminal que distribuía estupefacientes en varias localidades. La causa, impulsada por denuncias ciudadanas y tramitada bajo el novedoso sistema procesal penal, ya acumula penas que alcanzan los 15 años de prisión.

Del Buzón de la Vida a la desarticulación de la red

El origen de este trascendental avance contra el crimen organizado se remonta a abril de 2025. Una serie de alertas anonimizadas depositadas por los vecinos en el denominado "Buzón de la Vida" encendió las alarmas de las autoridades locales. La Fiscalía Federal de Venado Tuerto —liderada por los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada— cruzó esos aportes con pistas obtenidas en causas previas, logrando hilar una trama mucho más amplia que la comercialización al menudeo.

La investigación judicial reveló que la red criminal funcionaba mediante una engranada división de roles que abarcaba desde la provisión de los estupefacientes hasta su transporte y posterior venta. La banda extendía sus tentáculos por diversas ciudades estratégicas del sur de la provincia de Santa Fe, incluyendo Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez. Las tareas de inteligencia contaron con el apoyo fundamental de la Unidad de Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional, cuyos agentes lograron documentar las conexiones de la banda e incluso constatar que varios de sus integrantes continuaban dirigiendo maniobras operativas desde el interior de pabellones penitenciarios.

El intercepto en la Ruta 90 y los allanamientos clave

El punto de quiebre de la causa se produjo durante un procedimiento táctico realizado sobre la Ruta Provincial 90, en las inmediaciones de Elortondo. En aquella jornada, efectivos viales e investigadores de Gendarmería interceptaron un vehículo ocupado por Manuel E. y Carina A., quienes regresaban hacia Venado Tuerto tras haber obtenido un importante cargamento de sustancias ilícitas en Cañada de Gómez.

Durante el registro del automóvil, las fuerzas de seguridad secuestraron casi 4,5 kilogramos de cocaína de máxima pureza compactada en cuatro ladrillos, además de dinero en efectivo y dispositivos móviles. Este contundente hallazgo detonó una serie de nueve allanamientos simultáneos dictados por la Justicia Federal: seis en fincas particulares y tres en celdas de la Unidad Penitenciaria n.°1 de Coronda y la Alcaidía de Melincué. En dichos operativos, desplegados por más de 40 efectivos policiales, se incautaron otros cinco millones de pesos, balanzas de precisión, motocicletas y más material informático vital para la causa.

Celeridad judicial y condenas ejemplares

Gracias a la implementación del Código Procesal Penal Federal, orientado a imprimir celeridad y oralidad a las actuaciones judiciales, el expediente avanzó con una rapidez inédita. A menos de un año de los procedimientos principales, la causa ya cuenta con diez personas condenadas mediante acuerdos de juicio abreviado homologados por la Justicia Federal, mientras que los dos imputados restantes aguardan la citación a juicio oral.

Entre los primeros fallos emitidos por el juez federal Aurelio Cuello Murúa y las homologaciones recientes dictadas por el juez de Cámara Aníbal Pineda, sobresalen condenas severas como la impuesta a César O., sentenciado a 15 años de prisión efectiva, y la de Rita T., condena unificada en ocho años de cárcel. Por su parte, Sofía E. recibió cuatro años de prisión domiciliaria. La resolución judicial incluyó multas económicas, el decomiso definitivo de los bienes e instrumentos utilizados por la banda y la orden inmediata para la destrucción total de la droga incautada.