El Fuero Federal de Venado Tuerto destapó una trama de blanqueo de capitales que conecta el secuestro de más de 300 kilos de droga en Villa Eloísa con negocios fantasma, un corralón sin actividad comercial y la complicidad de un letrado.

Una causa judicial que comenzó con el estruendo de un motor aéreo en plena zona rural del sur santafesino acaba de dar un salto institucional de altísima gravedad. La Justicia Federal de Venado Tuerto formalizó este lunes la imputación contra una presunta organización dedicada no solo al tráfico internacional de cocaína mediante vuelos clandestinos desde Bolivia, sino también a una elaborada red de lavado de activos destinada a bancarizar e introducir en el circuito legal los millonarios dividendos de la droga. Entre los principales acusados figuran un conocido abogado con residencia en Melincué y dos hermanos que ya permanecían tras las rejas por el resonante secuestro de 321 kilos de cocaína en la localidad de Villa Eloísa.

La contundente exposición del Ministerio Público Fiscal tuvo lugar durante una prolongada y tensa audiencia conducida por los fiscales federales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra (de la PROCUNAR NEA), Juan Argibay Molina (de la PROCELAC) y Daniela Ghiorzi. Ante el juez federal Aurelio Cuello Murúa, los representantes de la acusación pública desglosaron una compleja red de complicidades y maniobras financieras desarrolladas de manera organizada y habitual, al menos desde septiembre de 2025 hasta la actualidad.

Aviones, corralones fantasma y la ruta del dinero sucio

La investigación madre que desencadenó esta nueva deriva patrimonial se remonta al pasado 12 de mayo de 2026, cuando las fuerzas de Gendarmería Nacional interceptaron en un campo de Villa Eloísa una avioneta proveniente de Bolivia cargada con 321 kilos de cocaína pura. Aquel operativo derivó en la detención de los tripulantes y los primeros engranajes logísticos en tierra. Sin embargo, el análisis pericial del material informático y de los teléfonos celulares secuestrados —incluido un dispositivo olvidado por un piloto en un segundo vuelo clandestino registrado en Arequito— abrió una imprevista caja de Pandora económica.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hermanos Santiago Emanuel B. (35) y Juan Cruz B. (27), originarios de Trenque Lauquen pero radicados en Roldán, junto a su tío Guillermo B., montaron una estructura de pantalla para disimular la verdadera procedencia de los fondos. En esa trama aparece además la figura de Christian B., padre de los jóvenes, señalado por los investigadores como un presunto prestanombre que facilitó la colocación de bienes e inmuebles a nombre de terceros para invisibilizar a los verdaderos beneficiarios finales.

Entre las operaciones comerciales puestas bajo la lupa de la PROCELAC destaca la adquisición de un fondo de comercio y el alquiler de un inmueble en la localidad de Melincué, donde supuestamente funcionaba un corralón de materiales de construcción. No obstante, las tareas de inteligencia y los datos recolectados ratificaron que dicho establecimiento no registraba movimiento comercial real alguno: se trataba, según la fiscalía, de una mera fachada financiera montada para justificar ingresos ilícitos y blanquear importantes sumas de dinero mediante la compra de vehículos e inmuebles sin sustento patrimonial que lo respalde.

Un letrado entre la defensa técnica y el comercio local de sustancias

El elemento más disruptivo del dictamen acusatorio recae sobre la figura del abogado Maximiliano Carmelo G., profesional radicado en Melincué. Su rol, según expusieron los fiscales en los tribunales venadenses, rebasó ampliamente los límites del ejercicio del derecho para internarse en el código penal. Los dispositivos móviles incautados durante los allanamientos del pasado 25 de agosto revelaron que el letrado no solo asesoraba y participaba activamente en la arquitectura de las operaciones de lavado del grupo, sino que también integraba la red territorial de comercialización de estupefacientes en el departamento General López.

La acusación vincula de forma directa al letrado con Manuel P. R., un conocido vecino del caserío Villa Divisa de Mayo (jurisdicción de Chovet) que operaba en la venta al menudeo mientras cumplía prisión domiciliaria por una condena previa de narcotráfico. Según la teoría fiscal, el abogado actuaba bajo las directivas directas de P. R., coordinando la distribución de sustancias y utilizando su posición para favorecer a revendedores locales o integrantes de la banda que caían en manos de las fuerzas de seguridad o eran allanados.

Cabe recordar que la figura de P. R. ya había sacudido las estructuras de seguridad de la provincia en agosto pasado, cuando su arresto en un procedimiento con secuestro de cocaína terminó salpicando a dos jefes policiales de la Brigada de Microtráfico de Venado Tuerto, posteriormente acusados por la justicia provincial de brindarle cobertura y protección.

Prisión preventiva confirmada y proyección del caso

Frente a la gravedad de los delitos imputados, el volumen económico de la organización y el evidente riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, el juez federal Aurelio Cuello Murúa hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva efectiva hasta el 12 de mayo de 2027 para Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y el abogado Maximiliano Carmelo G.

Con esta decisión, la causa no solo consolida el encarcelamiento de los responsables del tráfico aéreo de droga en el sur provincial, sino que sienta un precedente clave en la persecución del patrimonio narco y la complicidad profesional en la región, desarticulando un engranaje que unía vuelos clandestinos con comercios de fachada en el corazón del territorio santafesino.