La justicia santafesina dictó una resolución que sacudió a la comunidad local y reavivó el debate sobre los límites de la impunidad frente a la crueldad hacia los animales. Tras una audiencia realizada en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), la jueza penal Andrea Cavallero (foto) dispuso la suspensión del juicio a prueba por el lapso de doce meses a favor de la imputada, identificada como M. N. L. S., en el marco de la causa abierta por los gravísimos padecimientos que sufrió el perro “Pluto”. El acuerdo, alcanzado entre la fiscal subrogante Larisa Barucca y la Defensa Pública, contempla reglas de conducta, tareas comunitarias y una donación económica que desató una ola de críticas y un fuerte pronunciamiento por parte de agrupaciones proteccionistas de la ciudad.

El caso, que conmocionó a los vecinos desde el momento mismo del rescate y su posterior fallecimiento, expone la tensión latente entre los criterios procesales de salida alternativa y la exigencia ciudadana de una respuesta punitiva proporcional al daño causado. Mientras los operadores judiciales defienden el instituto legal como una herramienta de prevención y compromiso, las organizaciones sociales denuncian que la sanción económica y las medidas alternativas resultan insuficientes para un delito que cobró la vida de un ser sintiente.

Un rescate tardío y un final trágico que conmovieron a la ciudad

De acuerdo con la investigación penal preparatoria, el calvario de Pluto salió a la luz el pasado 17 de julio de 2026, cuando el animal fue rescatado de una vivienda situada en calle Azcuénaga al 1500. Las condiciones en las que se encontraba eran alarmantes: presentaba un cuadro de desnutrición severa, parasitosis avanzada y múltiples lesiones cutáneas que demandaban asistencia veterinaria de urgencia. Informes elaborados por el Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMUSCA), sumados a testimonios de vecinos y evaluaciones técnicas, confirmaron que el can sufrió un prolongado período de omisión consciente de los cuidados básicos por parte de quien se encontraba en posición de garante.

Pese a que el animal experimentó una fugaz mejoría clínica durante las primeras dos semanas posteriores al rescate, su salud se deterioró irreversiblemente debido a las secuelas acumuladas, provocando su deceso en los últimos días de agosto en las instalaciones del Refugio Canino. La fiscalía imputó formalmente a la propietaria por actos de crueldad animal en calidad de autora, habiendo evaluado inicialmente un pedido de prisión efectiva antes de consensuar la salida alternativa a través de la Unidad de Salidas Alternativas.

Las reglas de conducta impuestas por la Justicia

La resolución judicial de probation establece que, durante el período de prueba de un año, la acusada deberá someterse a estrictas pautas de conducta para evitar la revocación del beneficio y la continuidad del proceso penal. Entre las obligaciones dispuestas por la magistrada figuran el cumplimiento de 120 horas de trabajo comunitario no remunerado en favor de la Municipalidad de Venado Tuerto, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano, y la aprobación de un curso específico de concientización en bienestar animal dictado por el IMUSCA.

Asimismo, la imputada tiene prohibido adquirir, poseer o alojar cualquier animal doméstico, debiendo mantener buena conducta, abstenerse de consumir sustancias tóxicas o alcohol en exceso y fijar residencia. Como parte de la reparación del daño, la jueza convalidó una donación monetaria de diez mil pesos destinada a la entidad proteccionista local “Amigos Peludos”, un monto que generó profunda controversia pública al ser considerado insignificante frente a los costos reales de recuperación veterinaria.

El duro comunicado de “Patitas Felices” y el reclamo de proporcionalidad

La respuesta institucional no tardó en recibir el repudio público de la agrupación proteccionista local “Patitas Felices VT”, la cual emitió un documento lapidario titulado con la consigna de que el maltrato animal no puede salir económico. Desde la organización cuestionaron con dureza la proporcionalidad de las medidas dictadas, haciendo hincapié en que una suma de diez mil pesos no cubre ni siquiera una consulta veterinaria de urgencia o los insumos básicos de desparasitación, convirtiendo a la sanción en un mensaje desalentador para la prevención de futuros delitos.

En su misiva, los proteccionistas recordaron que Pluto no era un objeto inanimado, sino un ser sintiente que dependía enteramente de la responsabilidad humana. La organización exigió explicaciones públicas a los operadores judiciales intervinientes —la jueza Cavallero y los fiscales Barucca, Raposo y Peña— sobre los criterios de tasación de la reparación económica, las garantías de cumplimiento de las tareas comunitarias y la transparencia en la realización de audiencias bajo modalidad virtual.

Un historial de denuncias y la demanda de un cambio institucional profundo

El malestar expresado por Patitas Felices trasciende el caso puntual de Pluto y pone sobre la mesa una problemática estructural que, según denuncian, lleva al menos tres años afectando a la protección animal en Venado Tuerto. La agrupación advirtió sobre reiteradas demoras, falta de información fluida y la necesidad de dar seguimiento riguroso a otros expedientes sensibles que generaron conmoción en la comunidad, tales como el hallazgo de animales en volquetes o causas caratuladas bajo nombres internos como el caso CARO y JAIME.

Si bien aclararon que su reclamo no persigue un espíritu de venganza ni busca desmerecer la atención de otros delitos complejos que aquejan a la sociedad, los proteccionistas insistieron en que la violencia contra los animales no puede quedar relegada a un plano burocrático secundario. El caso se convirtió así en un punto de inflexión para la ciudad, obligando a repensar los mecanismos legales y a exigir una articulación más firme entre el Poder Judicial, los organismos de control y la sociedad civil para garantizar que la protección de la fauna urbana sea una prioridad innegociable.