El sistema judicial santafesino dio un nuevo paso histórico al rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del abogado Antonio Di Benedetto, principal acusado en la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria 1. La decisión, adoptada por mayoría por un tribunal pluripersonal de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, ratifica tanto la pena de once años de prisión efectiva como la devolución de campos y lotes urbanos a sus legítimos dueños.
Un fallo clave que ratifica años de investigación
La resolución judicial, rubricada por los magistrados Guillermo Manuel Llaudet Maza, Javier Francisco Beltramone y Bibiana Teresa Alonso el pasado 30 de octubre de 2026, marca el fin de una etapa central en el litigio. Tras un largo derrotero procesal que incluyó condenas previas y revisiones de penas, los camaristas determinaron que el planteo de la defensa carecía de sustento constitucional válido para revertir las decisiones anteriores.
El expediente se originó tras una compleja investigación encabezada por el Ministerio Público de la Acusación, la cual destapó una red delictiva dedicada a la apropiación ilegal de inmuebles mediante maniobras fraudulentas y falsificaciones documentales en el sur provincial.
Los ejes de la disputa legal y el rechazo de los planteos
Durante el proceso, los defensores particulares intentaron anular pruebas fundamentales, como las escuchas telefónicas que sirvieron de base para la acusación fiscal, argumentando fallas en su fundamentación inicial. Asimismo, cuestionaron la legalidad de la pena impuesta tras la anulación de un juicio abreviado previo, invocando la garantía que prohíbe empeorar la situación del imputado en instancias superiores.
Sin embargo, el tribunal desestimó la mayoría de los agravios al considerar que las medidas probatorias se ajustaron a derecho y que el juicio oral se desarrolló de manera legítima tras la caída del acuerdo abreviado impulsado por el propio acusado.
La restitución de propiedades a los dueños originales
Uno de los impactos más significativos de esta resolución es la consolidación definitiva de la restitución de los bienes afectados. La medida abarca numerosas propiedades urbanas y rurales en localidades como Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo, acumulando más de quinientas hectáreas y un valor estimado superior a los veinte millones de dólares.
Casos emblemáticos como los campos de la firma Agataura y lotes pertenecientes a familias tradicionales de la región recuperan su vigencia registral, dejando sin efecto las escrituras falsas utilizadas por la organización delictiva para consumar los despojos.
Las instancias que restan y el futuro de la causa paralela
A pesar del revés sufrido en la justicia provincial, a la defensa de Di Benedetto le queda la alternativa formal de interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una vía excepcional que no suspende la ejecución de la pena privativa de la libertad.
En paralelo, el máximo tribunal santafesino mantiene bajo su análisis el expediente correspondiente a la denominada Megaestafa Inmobiliaria 2. En esa causa, la fiscalía busca revertir la prescripción dictada previamente, un reclamo que cuenta con el respaldo del procurador general y que mantiene en expectativa a todo el ámbito judicial de la provincia.
